OPLE Veracruz aprobó Guía para fomentar inclusión de grupos vulnerables en el ejercicio de sus derechos político electorales
Leticia Silva, 29 de abril de 2021
Xalapa, Ver.- En sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE Veracruz aprobó la Guía para Fomentar la Inclusión de Grupos Vulnerables en el Ejercicio de sus Derechos Político Electorales: Por unas Elecciones Incluyentes, así como el Plan de Trabajo de la Red de Candidatas a un Cargo de Elección Popular en el Estado de Veracruz que presentó la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación.
La Secretaría Ejecutiva presentó el informe respecto a los Lineamientos que emite el OPLE Veracruz para el Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos, Digitales, Alternos, Cine, Radio y Televisión, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 y dio cumplimiento de las sentencias dictadas por el Tribunal Electoral de Veracruz, referentes a la designación de los Consejeros Presidentes Propietario y Suplente del Consejo Municipal de Atzalan, así como la designación de la Secretaria Propietaria del Consejo Municipal de Alvarado y la designación de diversos integrantes de los Consejos Municipales, producto de las vacantes generadas.
Se aprobó el registro de Ernesto Ruíz Flandes, en su calidad de presidente municipal de Altotonga, en el Registro Local y Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género.
Y el el consejero Roberto López Pérez consideró la determinación de los organismos federales respecto a la comisión de delitos por Violencia Política en Razón de Género.
“Es decir la inscripción en los registros tienen claramente como objetivo toral recopilar la información de las sentencias firmes entre ellas las federales como es la Sala Superior del Tribunal federal, que es la que nos ocupa y funge como herramienta de verificación para que las autoridades puedan identificar a las personas infractoras; en esa lógica también no comparto que se diga en el proyecto de acuerdo que se estaría violando los principios de retroactividad y seguridad jurídica contra el infractor, pues precisamente fue la propia Sala Superior quien actualizó infracción y sancionó al servidor público ordenándole le otorgara a la víctima acción médica y psicológica para su rehabilitación”.
