Gobierno de presidente filipino es una «calamidad»: Grupo Humanitario

Notimex, 28 de junio de 2017

Nueva York.- La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) calificó hoy como una «calamidad» el primer año del mandato del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, en materia de derechos humanos, ante las más de siete mil vidas que ha cobrado su “lucha contra las drogas”.

En un comunicado, la organización defensora de los derechos humanos afirmó que Duterte ha desencadenado una «calamidad de los derechos humanos» con su brutal represión contra las drogas ilícitas durante sus primer año en el poder.

“La ‘asesina’ guerra del gobierno contra las drogas, el hacinamiento en las cárceles y el acoso y persecución a quienes la critican han reducido drásticamente el respeto de los derechos fundamentales desde la investidura de Duterte el 30 de junio de 2016″, destacó.

Según datos oficiales del gobierno filipino, agregó, la campaña contra las drogas ha provocado la muerte de tres mil 116 supuestos drogadictos y traficantes, quienes han sido abatidos por las fuerzas de seguridad por presuntamente oponer resistencia.

Además, la Policía filipina ha sido vinculada con los nueve mil 432 casos de homicidios registrados entre julio de 2016 y marzo pasado, de las cuáles sólo mil 847 muertes estuvieron relacionadas con las drogas, mientras que las restantes, aproximadamente el 60.0 por ciento del total, siguen bajo investigación.

HRW destacó en su declaración que las cifras dadas por las autoridades no hacen distinción alguna entre los sospechosos asesinados por resistirse al arresto y los asesinados por «desconocidos» o «vigilantes».

«En varios de estos casos, la policía desestimó las denuncias de implicación cuando sólo horas antes los sospechosos habían estado bajo custodia policial”, recordó la organización no gubernamental (ONG), con sede en esta ciudad.

HRW resaltó que la administración de Duterte ha rechazado todas las llamadas nacionales e internacionales para la rendición de cuentas por dichos asesinatos y ha negado cualquier responsabilidad directa del gobierno.

Duterte asumió el cargo «prometiendo proteger los derechos humanos, pero en su lugar su primer año en la Presidencia ha sido como un instigador bullicioso para una campaña de matanza ilegal», indicó en el comunicado la subdirectora de HRW para Asia, Phelim Kine.

En su informe, HRW aseguró que la guerra contra las drogas de Duterte también empeoró las ya terribles instalaciones carcelarias, como la alimentación inadecuada y las condiciones insalubres.

Datos del gobierno filipino revelan que las instalaciones penitenciarias del país tienen una capacidad máxima de 20 mil 399, pero actualmente tienen a casi 132 mil detenidos, decenas de miles de ellos son presuntos drogadictos y traficantes, mencionó.

La campaña contra las droga del presidente filipino, agregó Human Rights Watch (HRW), impulsó también el número de «cárceles secretas», a las cuales, la policía envió presuntamente a los sospechosos de cargos por drogas y sobornos.

La organización de los derechos humanos también acusó a la administración de Duterte de atentar contra críticos de su guerra contra las drogas, quienes han sido víctimas de «acoso, intimidación e incluso han sido detenidos».

Entre estos críticos, HRW destacó el caso del senador filipino Leila de Lima, un feroz crítico de la campaña antidrogas de Duterte, quien fue detenido en febrero pasado por cargos de tráfico de drogas, aunque al legislador afirmó que su arresto fue «políticamente motivado».

HRW aseguró que el gobierno de Duterte ha amenazado también a activistas, periodistas, funcionarios internacionales y ciudadanos críticos de la guerra contra las drogas.

«Durante su primer año al frente de Filipinas, el presidente Duterte y su gobierno han demostrado una fundamental falta de voluntad para respetar los derechos o para ofrecer justicia a las personas cuyos derechos han sido violados», destacó Kine.

La subdirectora de HRW para Asia pidió una investigación internacional, al frente de las Naciones Unidas (ONU), para ayudar a detener las masacres en Filipinas y presionar a Duterte para que rinda cuentas por “la catástrofe de los derechos humanos».