México signó acuerdo para garantizar los derechos humanos de todas las personas defensoras ambientales

Mahaleth Guevara Alamilla, 13 de abril de 2021

Veracruz, Ver.- El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) presentó el informe anual 2020 sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México, en el cual se contabilizaron 90 agresiones, señaló Gustavo Alanis Ortega, director del CEMDA.

 “Lo que en este año 2020, 18 personas defensoras fueron asesinadas y ocurrieron 65 ataques con 90 agresiones distintas. Este gobierno tiene una oportunidad histórica de marcar un nuevo precedente donde existan y se respeten garantías de seguridad y de respeto de derechos humanos de las personas defensoras ambientales“.

Chiapas, Campeche, el Estado de México y Ciudad de México encabezan la lista de entidades donde se registró el mayor número de agresiones, la tala clandestina es uno de los principales delitos ambientales.

Las agresiones a los defensores ambientales se vinculan con proyectos relacionados a las vías de comunicación, minería, industria eléctrica, turismo entre otros.

Este 22 de abril, dDa de la Tierra, entrará en vigor el acuerdo de Escazú, en el cual se establece el deber del Estado de garantizar los derechos humanos de todas las personas defensoras ambientales, México forma parte de los países que han signado el acuerdo.

“El Artículo 9 del acuerdo de Escazú aborda tres elementos centrales para la protección de las personas defensoras del ambiente, en primer lugar la garantía de un entorno seguro propicio para que estas personas puedan ejercer sus funciones sin amenazas, restricciones e inseguridad, segundo lugar la obligación de los estados en tomar las medidas adecuadas y efectivas para reconocer proteger y promover los derechos de las personas que defienden el ambiente y, finalmente la obligación de tomar las medidas apropiadas y oportunas para prevenir e investigar y sancionar ataques, amenazas e intimidaciones”, destacó Valeria Torres Larrañaga, oficial de Asuntos Ambientales de la CEPAL.

La pandemia de COVID-19 ocasionó se suspendieran todos los procedimientos administrativos en materia ambiental, lo que ha obstaculizado el acceso a la justicia en la materia.