Detenidos más de 16 mil personas con política Cero Impunidad

Agencia de Noticias RTV (SSPC), 8 de agosto de 2023

Ciudad de México.- Con la política Cero Impunidad se informó de la detención de 16 mil 588 personas por delitos del fuero federal y fuero común, de las cuales 16 mil 279 se presentaron ante el Ministerio Público, en el periodo del 25 de julio al 7 de agosto.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Rodríguez Bucio, destacó el caso del fiscal general del estado de Morelos, Uriel “N”, detenido y vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de obstrucción de la justicia, en la investigación del feminicidio de Ariadna Fernanda, ocurrido en octubre pasado en la Ciudad de México.

Explicó que Uriel “N“, realizó declaraciones públicas en forma falsa y maliciosa obstruyendo, de manera indebida, la procuración de justicia.El subsecretario también citó la captura del tercer involucrado en el ataque con explosivos en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Alejandro “N”, responsable de colocar los artefactos que cobraron la vida de cuatro policías y dos  civiles.

Otras aprehensiones fueron las de Fernando “N”, alias “El Tiburón”, acusado de homicidio calificado en grado de tentativa contra un adolescente de 15 años en un establecimiento de comida rápida, y la de Jorge “N”, por violación y corrupción de menores en Chetumal, Quintana Roo, en el 2009. 

Sobre vinculaciones a proceso, el funcionario detalló la de José Luis “N”, quien provocó el incendio en un bar de San Luis Río Colorado, Sonora, donde murieron 11 personas, además la de Cristian Alonso “N”, acusado de la ejecución de siete personas en un salón de eventos en Ojuelos, Jalisco. 

En el tema de sentencias, dijo,  destacan la de Jennifer Athzel “N” a 16 años y siete meses de prisión, por la desaparición de una madre adolescente y su bebé de 15 días de nacido, en Iztapalapa, Ciudad de México.

También los hermanos, Rogelio “N” y José Roberto “N”, sentenciados a 57 años, por el delito de trata de personas, en la modalidad de esclavitud, trabajo forzado y prostitución ajena durante 13 años, en agravio de una menor, en Chalco, Estado de México.

Respecto a los resultados de la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE) y las Unidades Especializadas de Combate al Secuestro (UECS)  en los estados, el subsecretario Rodríguez resaltó la detención de 34 personas, la desarticulación de una banda y el rescate de 17 víctimas. Sobre feminicidios manifestó que se logró la detención de 41 personas y se sentenció a seis, y en cuanto a asesinatos de periodistas, se mantiene la cifra de tres en lo que va del año y un vinculado a proceso.

En el informe hizo alusión a tres casos de jueces que favorecen a delincuentes.

El primero es el exmagistrado Isidro Avelar Gutiérrez, señalado en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Fue destituido y detenido en 2019 por enriquecimiento ilícito y peculado, pero absuelto en 2022, por el juez Daniel Ramírez Peña.

El siguiente asunto es el del juez Gustavo Alfonso Ramírez Cequera, quien declaró ilegal la detención y ordenó la inmediata libertad de cinco personas, acusadas de robo de combustible en una toma clandestina en el poliducto Azcapotzalco-Satélite Norte y en posesión de bolsas de marihuana y 3 mil 750 litros de gasolina.

Otro caso es el del Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Querétaro, Eduardo Alberto Osorio Rosado, quien declaró ilegal la detención y ordenó la inmediata libertad de ocho personas, entre ellas Armando Daniel “N”, presunto narcotraficante, dedicado a la elaboración de metanfetamina en el Estado de México y Querétaro.

Este juez es señalado por 52 resoluciones adversas a las pretensiones ministeriales, durante 2022 y 2023, relacionadas con delitos contra la salud y  armas de fuego.