Analiza la Corte si destituye a la titular de Cultura federal y a otro delegado

Fermín Ramírez, 9 de noviembre de 2017

Ciudad de México.- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá este jueves si ordena, por desacato a resoluciones judiciales, la destitución de la secretaria de Cultura federal, María Cristina García Cepeda, y del jefe delegacional de Gustavo A. Madero, el perredista Víctor Hugo Lobo. 

El caso de García Cepeda será presentado al pleno del máximo órgano judicial por el ministro José Fernando Franco González Salas y el del delegado en Gustavo A. Madero por el magistrado Javier Laynez. 

Cabe recordar que el martes pasado el pleno de la SCJN resolvió separar de su cargo como delegado en Venustiano Carranza, demarcación de la Ciudad de México, a Israel Moreno Rivera, así como consignarlo ante el Juez de Distrito de Procesos Penales en turno precisamente por incumplimiento de órdenes judiciales. 

De acuerdo con los expedientes en poder de la Corte, la secretaria de Cultura incumplió con un veredicto de la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en el que ordenó basificar a trabajadores demandantes, reconocerles antigüedad, laboral desde la fecha de su ingreso y su registro ante el ISSSTE, así como pagar las aportaciones para dicho instituto en su fondo de pensiones de manera retroactiva desde que ingresaron a trabajar. 

Por su parte, Víctor Hugo Lobo, incumplió con una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para declarar la nulidad de una orden de visita de verificación de una construcción, emitida en junio de 2015, a favor de una particular. 

La delegación apeló, pero la Sala Superior de dicho tribunal confirmó la resolución a favor de la demandante. La sentencia nuevamente no fue acatada por el gobierno de Víctor Hugo Lobo, lo que llevó a la denunciante a interponer una queja por incumplimiento, la cual derivó en una multa para la demarcación de 50 veces la unidad de cuenta. La delegación hizo caso omiso de la orden, con lo que la sanción ascendió a 80 veces la unidad de cuenta. 

El caso se agotó en el tribunal y se llevó a un juicio de amparo. Fue así como el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa declaró fundado el incidente de inejecución de sentencia y remitió el proyecto de separación del cargo ante la Suprema Corte.