En una declaración, la directora de AI para América Latina, Erika Guevara-Rosas, condenó las medidas de represión que el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha aplicado durante las manifestaciones en su contra, que han dejado 91 muertos en tres meses.

«Lo que parecía ser reacciones aisladas por las autoridades venezolanas ante las protestas, de hecho indican una estrategia planeada por el gobierno del presidente Maduro con violencia y fuerza ilegítima contra la población venezolana para neutralizar cualquier crítica», indicó.

La representante de la organización defensora de los derechos humanos condenó el hecho de que aquellas personas que piensan distinto en Venezuela son los únicos que son etiquetados como “terroristas”, pese a la violencia y el uso la fuerza ilegítima del gobierno de Venezuela para acallar el creciente descontento social.

«Si las autoridades no hacen un cambio radical y ponen fin a la violenta represión premeditada contra las personas que se consideran críticas del gobierno, evidencia irrefutable que seguirá acumulando pruebas para que los autores y las autoridades rindan cuentas ante los mecanismo de justicia penal internacional”, subrayó.

Amnistía Internacional, destacó en la declaración que desde que comenzaron las protestas en Venezuela, el pasado 4 de abril, fuentes oficiales reportan la muerte de al menos 91 personas y más de mil 400 heridos en el contexto de la crisis política.

Además de que existe una preocupación por el probable empeoramiento de la situación, ante las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, que tendrá lugar el 30 de julio próximo, en medio de alta conflictividad social.

En los últimos tres meses, AI ha documentado un sinnúmero de casos en los que las fuerzas de seguridad del estado han suprimido violentamente las protestas contra el gobierno.

“Un análisis de los hechos indica que estos actos de represión violenta no son sólo una reacción incontrolada por parte de algunos agentes de seguridad, sino que son parte de una práctica premeditada de utilizar la violencia para acallar las voces críticas”, indicó.

La organización no gubernamental (ONG), con sede en esta capital, ha podido corroborar que la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana han utilizado indebidamente, gases lacrimógenos contra los manifestantes disidentes.

Un ejemplo de ello, detalló AI, es el caso de Juan Pernalete, quien murió tras ser tiroteado en el pecho con un bote de gas lacrimógeno mientras que participaba en una protesta en Caracas en abril pasado.

Según los casos documentados por la 0rganización estos tipos de uso de la fuerza, prohibidos por el derecho internacional, han sido cometidos por las fuerzas de seguridad en la capital venezolana y los estados de Lara, Barinas, Carabobo y Táchira, lo que indica que estas prácticas no se limitan a una sola parte del país.

Al mismo tiempo, estos actos de violencia se han dirigido específicamente contra venezolanos que han sido identificados por las autoridades como los disidentes y contra quienes participan en las protestas antigubernamentales.

Sin embargo, las manifestaciones de partidarios del gobierno se están llevando a cabo sin incidentes y han sido protegidas por las autoridades, lo que sin duda “atestiguan el hecho de que estos actos de violencia están dirigidos a silenciar la disidencia”.

Además de los actos de violencia ilegal cometidos por las fuerzas de seguridad del estado, AI aseguró que tiene pruebas de varios casos de grupos civiles, que han atacado a la población civil, armados por las autoridades

“El gobierno ha creado e implementado mecanismos con un mandato para realizar actos de represión violenta contra la población y desarrollado de aparatos, diseñados exclusivamente para la persecución de los manifestantes y presuntos disidentes, así como la creación del «comando antiterrorista».

La directora de AI para América Latina, Erika Guevara-Rosas aseguró que Venezuela “está viviendo una de las peores crisis de derechos humanos en su historia reciente”.

“La escalada de violencia patrocinada por el gobierno y la falta de propuestas por parte del Estado para una solución viable a los graves problemas que enfrenta la mayoría de la población, incluyendo el acceso a los medios de subsistencia esenciales como alimentos, medicinas y todos los bienes básicos, están generando una crisis nunca antes se ha visto en todo el continente «, indicó.

Guevara-Rosas consideró que es esencial que el gobierno aborde ya la dramática situación que enfrentan miles de personas diariamente en el país, en vez de “instituir un régimen de represión y violencia”.