Turnan a la Comisión de Hacienda del Estado la iniciativa de reestructuración de la deuda pública de Veracruz
Javier Salas Hernández, 25 de julio de 2019
Xalapa, Ver.- Durante la sesión plenaria del Congreso local, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Hacienda del Estado, la iniciativa de reestructuración de la deuda pública de Veracruz a un plazo de 20 años hasta por 41 mil 769 millones 280 mil 619.08 pesos.
Además, se propone la contracción de un crédito adicional por 996 millones 848 mil 707.16 pesos para constituir los fondos de reserva del o los créditos o financiamiento que en su caso se contraten para la reestructuración.
El destino de los recursos obtenidos para el refinanciamiento será precisamente el pago anticipado total o parcial de la Deuda Vigente de Largo Plazo del Estado, originalmente destinada a inversiones públicas productivas, así como para la constitución de fondos de reserva, y en su caso, para el pago de los gastos y costos inherentes a su contratación.
La iniciativa especifica que con la finalidad de garantizar a los acreedores del Estado el pago de los financiamientos que se contraten, se autoriza la contratación de garantías de pago oportuno u operaciones similares con cualquier institución financiera de nacionalidad mexicana por un monto equivalente de hasta el treinta por ciento del monto del o los financiamientos que se celebren, hasta por un plazo de veinticinco años.
Con esto, se emprende un esfuerzo de refinanciamiento y/o reestructura de la deuda estatal y buscar alternativas con el objetivo de alcanzar una estructura de deuda más flexible y eficiente; reducir el costo actual de la deuda pública; mejorar las condiciones contractuales de los financiamientos; establecer un servicio de la deuda mejor equilibrado que libere flujos de efectivo que permitan fortalecer las inversiones prioritarias del Estado, así como mejorar y ampliar la prestación de los servicios públicos en beneficio y atención de las necesidades más sentidas de la población; y fortalecer las finanzas estatales, a través de una administración honesta, transparente y eficiente de los recursos públicos y una gestión de la deuda pública alineada con los principios de disciplina y responsabilidad hacendaria.
