Se define en audiencia de este sábado si se vincula a proceso a Duarte 

Fermín Ramírez, 22 de julio de 2017

Ciudad de México.- Desde temprana hora de este sábado se ha intensificado la actividad en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

El movimiento inusual para un fin de semana se debe a la audiencia que inicia a las 10 de la mañana, sin límite de tiempo, en la que se determinará si hay o no vinculación a proceso del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, acusado en el orden federal de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Representantes de medios nacionales, locales e internacionales se han dado cita en las inmediaciones de este Centro de Justicia para informar sobre de la segunda diligencia del proceso al ex mandatario, luego de su extradición a nuestro país el pasado lunes 17 de julio.
En esa fecha, Duarte de Ochoa fue presentado en primera audiencia ante el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Gerardo Moreno García, con sede en el Reclusorio Norte, quien dictó su orden de aprehensión y quien hoy tendrá que decidir si existen o no elementos suficientes para vincularlo a proceso, en cuyo caso deberá determinar en qué penal deberá permanecer privado de su libertad.
Una de las expectativas relevantes de esta segunda audiencia es el testimonio de Alfonso Ortega López cuya presencia, para interrogatorio, fue solicitada por la defensa de Duarte de Ochoa, encabezada por el abogado Marco Antonio del Toro.
Alfonso Ortega López es testigo colaborador de la Procuraduría General de la República (PGR) y sus declaraciones, contenidas en la causa penal 97/2016 y recabadas el 12 de octubre y 12 de diciembre de 2016, constituyen parte fundamental de la estrategia de la fiscalía para sustentar los ilícitos cometidos por Javier Duarte y sus presuntos cómplices.
Ortega López formó parte de un grupo de personas cercanas al ex gobernador de Veracruz que se habrían dedicado a operaciones de desvío de recursos de la hacienda pública veracruzana.
Al actuar indistintamente como prestanombres y operadores financieros, dichas personas se habrían dedicado a la compra de bienes inmuebles y otros bienes, constituyendo en el curso de sus acciones empresas de fachada o “fantasma”.
En la primera audiencia de Javier Duarte, celebrada el lunes, la PGR estuvo representada, en el papel de fiscales, por los agentes del Ministerio Público Federal (MPF) Martha Ramos Castillo, Nelly Magaly Alvarado y Pedro Guevara Pérez, quienes, a decir del abogado de Duarte, e incluso del juez Moreno García, no conocían el caso o no estaban suficientemente preparados.
Los yerros de los fiscales en la audiencia inicial dieron lugar que ante el juez pudieran evidenciar solamente el presunto desvío de recursos del ex gobernador por un monto de 38.5 millones de pesos, de la Secretaría de Educación de la entidad, de un total de 438 que se señalaba en la carpeta de investigación.
La débil actuación de los representantes de la PGR dio lugar a especulaciones acerca de la actuación de la autoridad federal en el caso, toda vez que se ha advertido el riesgo incluso de que en la segunda audiencia que se celebra este sábado el juez pueda quitar cargos que se han fincado en contra de Javier Duarte y de que, incluso, pueda ordenar su libertad bajo caución si no presentan los fiscales las evidencias suficientes para vincularlo a proceso.
En ese contexto, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, se puso la mañana del jueves al frente del clamor de justicia de los veracruzanos.
“La versión de que Javier Duarte podría quedar en libertad ha levantado una ola de indignación y rechazo muy comprensible, entre un pueblo agraviado por la brutal corrupción que dejó a Veracruz en la mayor crisis de su historia en todos los órdenes”, señaló en un pronunciamiento público.
El mandatario agregó: “Los veracruzanos no podríamos admitir, no vamos a admitir que por una triquiñuela ilegal Duarte obtenga su libertad, todos, también los jueces, debemos tener muy claro que una decisión en ese sentido pondría en grave riesgo el estado de derecho y perderían totalmente su credibilidad el nuevo sistema de justicia penal”.
En consecuencia, ese mismo jueves solicitó mediante escrito dirigido al titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, ser llamado a comparecer ante dicha dependencia federal para aportar documentos impresos y digitales como “pruebas lícitas” para fortalecer las investigaciones en contra de Javier Duarte de Ochoa.