Ciudad de México.- Una amplia investigación publicada hoy por el periódico El Financiero revela que la compañía brasileña Odebrecht habría utilizado a empresas “fantasma” para el pago de sobornos en Veracruz, durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

Al respecto, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, confirmó este lunes que la Procuraduría General de la República (PGR) investiga los presuntos actos de soborno y corrupción protagonizados por Odebrecht y una supuesta empresa “fantasma” de Poza Rica.

La información de El Financiero señala como fuentes documentos de la Fiscalía brasileña a los que tuvo acceso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), según los cuales dos empresas offshore fueron utilizadas por Odebrecht para transferir, como pago de sobornos, 3 millones 754 mil dólares a una empresa “fantasma” de Veracruz.

De acuerdo con esa línea de investigación, el citado recurso se envió a Blunderbuss Company de México S.A. de C.V., entidad constituida en 2008 en Poza Rica, Veracruz, la cual carece de instalaciones y de operaciones comerciales visibles.

La información que publica El Financiero señala que detrás de esa empresa “de fachada” opera una red de prestanombres relacionada con funcionarios del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, así como con la oficina de Odebrecht en México.

“Las transferencias se hicieron entre agosto de 2010 y febrero de 2011 a través de dos bancos: Credicorp de Panamá y Meinl Bank Antigua Limited, institución controlada por Odebrecht en la isla caribeña de Antigua, detalla el reportaje firmado por Raúl Olmos”, señala la nota principal de la edición de este lunes de El Financiero.

El diario señala que MCCI obtuvo el acta constitutiva de Blunderbuss “y constató que los socios son personas ajenas a actividades empresariales. Uno de los supuestos accionistas es un vendedor de seguros que reside en una pequeña casa en la ciudad de Papantla y el otro socio –quien funge como administrador único de la empresa- es un exempleado de una gasolinera que vive en una colonia popular de Poza Rica”.

Las transferencias de las empresas offshore de Odebrecht a Blunderbuss precisa el diario especializado, “empezaron a fluir al mes siguiente de que Javier Duarte fue electo gobernador de Veracruz y cuando estaban en curso dos de las más grandes inversiones de Odebrecht en aquel estado: la modernización de la refinería de Minatitlán en la que el gobierno de Felipe Calderón autorizó un sobrecosto de 66por ciento (pasó de 634 millones de dólares a mil 055 millones de dólares) y la planta de Etileno XXI en Coatzacoalcos, en la que Pemex accedió a suministrarle gas etano a precio preferencial por 20 años”.

Cabe recordar que a mediados de febrero pasado, el titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, viajó a Brasil junto con un grupo de servidores públicos de la institución, a fin de sostener reuniones de trabajo con autoridades de esa nación sobre presuntos actos de corrupción en los que habrían incurrido las empresas brasileñas Odebrecht y su afiliada Braskem en al menos 15 países, entre ellos México.

La investigación sobre actos de corrupción de las empresas Odebrecht y Braskem es uno de los mayores escándalos en el ámbito empresarial de América Latina que ha involucrado a altos funcionarios de las administraciones gubernamentales de los ex presidentes brasileños Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff y que tiene en la cárcel, con una condena de 19 años por corrupción, al empresario brasileño Marcelo Odebrecht, cuya empresa que lleva su apellido fue la mayor contratista de Brasil durante los últimos años.

De acuerdo con resultados públicos de la investigación sobre este caso, entre 2001 y 2016, Odebrecht habría pagado cerca de 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios y políticos para quedarse con más de 100 proyectos en 15 países, principalmente latinoamericanos, incluyendo México.

Las investigaciones han involucrado a funcionarios de la paraestatal brasileña Petróleo Brasileiro (Petrobras) y de Petróleos Mexicanos (Pemex). De acuerdo con versiones no confirmadas, el expediente de la investigación en curso señala que Odebrecht habría pagado más de 10 millones de dólares a funcionarios mexicanos de la pasada y de la actual administración gubernamental a cambio de contratos multimillonarios.