Lineamientos de Procuraduría Agraria establecen mayor transparencia y nula tolerancia a la corrupción

Carlos Andrade, 21 de mayo de 2025

Xalapa, Ver.- Víctor Suárez Carrera, procurador agrario nacional, indicó que los nuevos lineamientos en materia agraria van en torno a la participación de sus servidores públicos en asambleas ejidales y comunales, con el fin de fortalecer la legalidad, la transparencia, la protección de los recursos naturales, así como la nula tolerancia a la corrupción en los procesos de ordenamiento y regulación de la propiedad rural. 

“En Veracruz tenemos la mayor cantidad de ejidos y comunidades del país. más de 3 mil 750 ejidos y comunidades, más de la mitad del territorio de Veracruz está en sus manos, casi 450 mil ejidatarios y comuneros; tiene una gran riqueza en sus manos y esa riqueza se la quieren despojar privados para hacer especulación inmobiliaria, fraccionamientos, proyectos turísticos, mineros, proyectos forestales privados, para acaparar el agua, despojar a la gente”, señaló. 

El documento que entró en vigor a partir del 2 de abril del año en curso busca evitar irregularidades en la tenencia de la tierra y fortalecer la certeza jurídica de los núcleos agrarios. Con este acuerdo, la Procuraduría Agraria refuerza su papel como responsable de los derechos agrarios en México, promoviendo procesos más ágiles, transparentes y en apego a la normatividad vigente. 

“Eso nos va a permitir frenar los procesos de despojo; los procesos de despojo aquí en Veracruz están más asociados a las áreas metropolitanas urbanas, para la construcción de fraccionamientos de alta gama en las playas, en los centros turísticos para el desarrollo de mega proyectos turísticos hoteleros y también en algunas regiones hay proyectos mineros, extractivistas, depredadores que también estamos atendiendo para frenar esas formas de explotación que lesionan a los agricultores, pero también al medio ambiente y a la salud”.

 Además, se busca mantener registros actualizados de las decisiones tomadas en las asambleas y garantizar que se respeten los principios legales. Cabe señalar que este marco normativo representa un paso significativo en la defensa del territorio rural y la prevención de conflictos derivados del cambio de uso de suelo en México.