Ha transcurrido un año desde que el exgobernador de Veracruz fue detenido en Guatemala

Hugo Figueroa, 16 de abril de 2018

Xalapa, Ver.- Hace un año, el 15 de julio de 2017 el exgobernador de Veracruz y entonces prófugo de la justicia, Javier “N” fue detenido en un hotel ubicado en Panajachel, departamento de Sololá, en Guatemala. Su detención obedeció a una orden de aprehensión girada seis meses antes, por el juez federal Gerardo Moreno García, derivada de la posible responsabilidad del exmandatario en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Sin embargo, tuvieron que pasar tres meses para que Javier “N” fuera extraditado a México. Y, sin que alguien reclamara los 15 millones de pesos que la Procuraduría General de la República había ofrecido por su captura.

Desde julio de 2017 permanece preso en el reclusorio norte de la Ciudad de México, donde fue puesto a disposición del juez de control, Gerardo Moreno García, ante quien, fiscales de la Procuraduría General de la República presentaron en audiencia inicial, datos de prueba que daban cuenta de la manera en que operó una red delictiva que habría encabezado el entonces mandatario estatal, Javier “N”; por ello, el juez federal dictó la vinculación a proceso del investigado, por delincuencia organizada y lavado de dinero. Así como seis meses de investigación complementaria que concluyeron el pasado 18 de enero de 2018.

A Javier “N” se le dictó prisión preventiva oficiosa hasta que concluya el proceso. Además, al considerar que el imputado cuenta con los recursos necesarios para evadirse nuevamente de la acción de la justicia, también se le decretó prisión preventiva por el delito de lavado de dinero.

Hace apenas un mes, el 15 de marzo del presente año, el despacho de abogados encabezado por Marco Antonio del Toro tenía a su cargo la defensa del exgobernador imputado. Porque en esa fecha, Del Toro decidió retirarse del caso, sin dar a conocer las causas o mayor información sobre la decisión de abandonar a su “defendido”; ahora el despacho de Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana, quien también defiende al exgobernador chihuahense, Cesar Duarte, ha tomado el caso en sus manos.

Durante la última diligencia que se llevó a cabo en los juzgados federales del Reclusorio Norte, el juez concedió seis meses más para que la defensa reúna pruebas en favor de su cliente, lo cual también beneficia a la PGR, ya que la investigación complementaria durará un año, y la cual concluye el próximo 31 de julio.