Organización buscan implementar ley para blindar pensión de adultos mayores

Leticia Silva Sosa, 19 de febrero de 2026

Xalapa, Ver.- “Mi nombre es Mirna, yo tuve un problema con la financiera de préstamo Feliz, me prestaron 50 mil, me lo renovaron a 70 y estuve pagando; había un pagaré por 242,000 pesos que estaba firmado el 22 de febrero de 2022 en Veracruz, pero yo estaba cuidando a mi mamá que se me estaba muriendo y no podía viajar en esas fechas en Veracruz”. 

Esta es parte de la historia de Mirna, una mujer de edad avanzada que, con engaños, en una estrategia de operación financiera dolosa, fue embaucada y obligada a iniciar un proceso jurídico para liberar los recursos de su pensión de bienestar que se encontraban congelados. 

Hoy a través de una red de apoyo, información, asesoría y respaldo está defendiendo su patrimonio y los ingresos que percibe por su pensión jubilatoria y de Bienestar. 

La coordinadora del Barzón Xalapa exaltó la urgencia de garantizar la inembargabilidad de los apoyos sociales, ante casos de decomiso, retención o embargo de pensiones del bienestar por deudas con financieras. 

“Lo que se pretende con esta iniciativa, pues es que no haya necesidad de que alguien tenga que contratar un abogado para que su pensión del Bienestar se respete. Se trata de que se haga justicia social, de que las personas efectivamente puedan cobrar su dinero sin necesidad de ser rehenes de prestamistas, formales o informales”. 

De ahí la iniciativa de ley Mirna, la propuesta deriva porque actualmente no existe un blindaje que impida a las instituciones financieras bloquear estos recursos cuando los beneficiarios caen en moratoria. 

La aplicación de la medida judicial o administrativa que inmoviliza bienes para asegurar el cumplimiento de una obligación o sanción es una decisión con muchas vertientes, que debe acotarse para evitar que la argucia de depredadores financieros avasalle la vulnerabilidad de personas indefensas sea por ignorancia, necesidad o miedo.   

La ley Mirna consiste en que se haga una adición constitucional al texto del artículo 4 para darle la naturaleza de inembargable a los apoyos, de modo que este dinero ya no pueda ser retenido por acreedores.