El Vaticano combate delitos financieros, revela detalles

Andrés Beltramo. Notimex, 27 de abril de 2018

Ciudad del Vaticano.- El Vaticano difundió detalles de algunos delitos financieros cometidos en su territorio, los cuales fueron descubiertos por la AIF, su organismo interno responsable de vigilar sobre el combate al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo.

En su reporte anual, presentado este día en la sala de prensa de la Santa Sede, la Autoridad de Información Financiera (AIF) dio a conocer varios datos hasta ahora desconocidos pero genéricos, sin mencionar a los protagonistas de los delitos que descubrió y, en algunos casos, ayudó a evitar.

En su página 11, el documento incluyó una descripción genérica del famoso caso del departamento del cardenal Tarcisio Bertone, por el cual los tribunales vaticanos condenaron a Giuseppe Profiti, expresidente de la Fundación “Bambino Gesú”, por el delito de desvío de recursos.

El escrito describió toda la situación, explicando que como organismo de control realizó un “profundo análisis” de las transacciones financieras entre la empresa encargada de remozar la casa y la fundación del hospital pediátrico propiedad del Vaticano (del “Niño Jesús), desde donde se realizaron pagos “sin una clara razón económica”.

“La AIF transmitió un reporte a la Oficina del Promotor de Justicia (fiscal). El Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano condenó al presidente de la Fundación sin fines de lucro por graves delitos”, se limitó a añadir el escrito.

Si bien el caso del “ático de Bertone” se hizo mundialmente famoso, y la prensa pudo acceder a las audiencias del juicio, no ocurrió lo mismo con los otros episodios incluidos en el informe, cuyas descripciones sacaron a la luz ciertas modalidades de acción de quienes intentan usar las estructuras vaticanas para favorecer sus acciones ilegales.

Creada por el Papa Benedicto XVI el 30 de diciembre de 2010, la AIF recibe constantemente “indicaciones” sobre posibles “operaciones sospechosas” en el manejo del dinero dentro de las estructuras de la Santa Sede y tiene como misión investigar a fondo cada denuncia.

Ese organismo recibió, a lo largo de 2017, una 150 “indicaciones”; algunas menos que las 207 verificadas en 2016. De todas estas comunicaciones y tras minuciosas pesquisas, sólo ocho de ellas fueron informadas a la autoridad judicial vaticana para su actuación.

Aunque la AIF debe operar con el más estricto de los secretos, su informe sacó a la luz datos sobre algunos casos. Por ejemplo, develó la historia de un “usuario” con una cuenta bancaria en el Vaticano que, al pedir vía fax la transferencia de una suma de dinero, se descubrió que está procesado por delitos “de naturaleza no financiera en su país”.

Es más, sobre él pesaba un mandato de arresto internacional. Por eso, la propia autoridad vaticana suspendió la transferencia y dirigió comunicaciones, tanto a la Gendarmería Vaticana como a la policía del país del delincuente.

“(La Gendarmería) informó a la autoridad de policía del país de ciudadanía del usuario y las autoridades de policía del país en el cual el usuario había mandado la orden de la transferencia, vía Interpol. El usuario fue identificado y arrestado, añadió.

El escrito de la AIF hizo varias aclaraciones: primero que “casi la totalidad” de los potenciales delitos de naturaleza financiera descubiertos por sus investigaciones, pero involucran “sujetos extranjeros o conductas emprendidas o en conexión con jurisdicciones extranjeras”.

Además precisó que casi la mayoría de los “potenciales delitos (descubiertos) son graves fraudes internacionales, incluido el fraude fiscal y el abuso del mercado”.

El tercer caso difundido corresponde a un “ciudadano extranjero” que retiró una “relevante suma de dinero” de su propia cuenta personal en el Instituto para las Obras de Religión (IOR) y, después, colocó el dinero en tres cajas de seguridad ubicadas en la misma institución.

Poco tiempo más tarde, esta persona comenzó a retirar “progresivamente el efectivo” para llevarlo a Italia pero sin presentar la respectiva declaración transfronteriza de transporte de dinero en efectivo.

“Se dispuso el bloqueo de la cuenta y, bajo mandato de la Oficina del Promotor de Justicia (fiscal vaticano), se procedió a la inspección de las cajas de seguridad. La AIF denunció una violación a la obligación de declarar el transporte de dinero en efectivo a través de la frontera”, indicó el texto.

“Se enviaron reportes a la oficina de información financiera del país de ciudadanía de la persona involucrada y a la Oficina del Promotor de Justicia. La Gobernación del Estado Vaticano impuso una sanción administrativa, el usuario se opuso a la decisión pero el Tribunal Vaticano la confirmó. Se investiga por posible “auto-lavado de dinero”, siguió.

Estableció que durante 2017 no se registraron denuncias relativas al financiamiento al terrorismo y que la autoridad ya garantizó su colaboración a las unidades de información financiera de aquellos países o jurisdicciones mayormente expuestas al riesgo de ataques terroristas.

En 2017 la AIF firmó 19 protocolos de entendimiento con las oficinas de jurisdicciones extranjeras, para un total de 50 acuerdos inscritos desde 2012. Entre las firmadas recientes destacan la Isla de Man, Jersey, Gibraltar, Chile, Colombia.

En ese mismo periodo de tiempo, la AIF intercambió información con contrapartes extranjeras en 268 casos, 88 por iniciativa del organismo vaticano y 180 por solicitudes provenientes de las autoridades de diversos países.

En 2017 se registraron 367 declaraciones de ingreso de dinero en efectivo al territorio Vaticano por un total de nueve millones 222 mil 729 euros, y mil 439 declaraciones de salida de dinero por un total de 23 millones 408 mil 70 euros.