Ordena juez detención de ediles del Ayuntamiento de Banderilla por laudos laborales

Más Noticias, 20 de abril de 2018

Mediante auto de 23 de marzo de 2018, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz ordenó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado que detenga y presente ante ese órgano jurisdiccional a todos los ediles del Ayuntamiento de Banderilla, Veracruz, para que “acudan a cumplir de manera inmediata” con la condena que se le impuso a dicha entidad pública en el juicio 88/2005-IV.

De igual forma, dispuso que, en caso de no dar cumplimiento al fallo judicial en el momento en el que sean presentados, todos los ediles serán arrestados por dieciocho horas.

La orden dada al Secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, aún no ha sido cumplimentada. El Juez Segundo de Distrito le dio tres días para ejecutarla.

Los antecedentes del caso (que se encuentra bajo el patrocinio de “Viades, Llanes y Asociados”) son los siguientes:

Dos trabajadores despedidos injustificadamente del Ayuntamiento de Banderilla, Veracruz en el año 2005, demandaron y obtuvieron un laudo favorable a sus intereses. Desde el 2008 la citada entidad pública estaba obligada a dar cumplimiento total al laudo sin que, hasta el momento, haya acatado la decisión de la autoridad judicial, no obstante que se le ha requerido en múltiples ocasiones, y a pesar de que el Poder Judicial Federal (a través del Juez Segundo de Distrito en el Estado), ha ordenado también el cumplimiento del fallo laboral.

Cabe mencionar que año tras año, el Ayuntamiento de Banderilla, Veracruz se ha negado a incluir en su presupuesto la cantidad destinada al pago de tales trabajadores.

En el auto referido, el Tribunal burocrático dispuso girar oficio al Secretario de Seguridad Pública del Estado para que presente ante esa instancia judicial a los ediles Juan Manuel Rivera González, Nieves Vérula Zayas Uncal, Carmen Yadira Coronel Del Ángel e Isaac Morales Medina; lo anterior “bajo el apercibimiento que de no pagar lo adeudado en el momento en que sean presentados en la sede de este Tribunal, se le aplicará a cada una de las personas físicas que ocupen los cargos de Presidente Municipal, Síndico Único, Regidor Primero y Regidor Segundo, del Ayuntamiento Constitucional de Banderilla, Veracruz, un arresto como medida de apremio por dieciocho horas…”

No obstante, el Secretario de Seguridad Pública no ha cumplido la orden del Tribunal; por ello, el Juez Segundo de Distrito ordenó vincular a dicho funcionario y darle tres días para acatar la orden del Tribunal burocrático.

En torno de lo anterior, “Viades, Llanes y Asociados”, considera necesario exponer:

1.- Desde el sexenio de Fidel Herrera Beltrán, destacadamente en el de Javier Duarte de Ochoa, y ahora en el de Miguel Ángel Yunes Linares, las administraciones estatales y municipales (salvo contadas excepciones), han mostrado un profundo desprecio tanto a la clase trabajadora burocrática como al propio Tribunal de Conciliación y Arbitraje, cuyos fallos se amontonan sin que exista voluntad por cumplir o hacer cumplir la ley.

2.- Reiteradamente hemos advertido que este indicio de descomposición estatal, además de violentar Derechos Humanos, se torna peligroso: una sociedad en la que las determinaciones judiciales no se cumplen, se encamina a la anarquía y al caos. Las conductas desdeñosas de la ley que tanto criticó el actual gobernador del Estado cuando era candidato a ese cargo, las reproduce puntualmente: ahora mismo, a más de los Ayuntamientos veracruzanos, el propio gobierno del Estado se niega a cumplir resoluciones judiciales dentro de un esquema de aplicación y cumplimiento selectivo de la ley. Lamentamos tener que admitir que no confiamos en que el gobierno del Estado de Veracruz auxilie al Tribunal burocrático (como es su deber), para hacer cumplir resoluciones judiciales. Estaremos atentos para denunciar las omisiones y para promover ante los tribunales lo que conforme a Derecho corresponda.

3.- Instamos, de nueva cuenta, a los Poderes constituidos y órganos autónomos del Estado, a propiciar el cambio que pregonan. Nunca será realidad tal renovación si los esquemas de desacato a la ley (que no son sino formas de corrupción), imperen en Veracruz.