Responde México a WOLA: analicen tráfico de armas y pago a criminales
Fermín Ramírez, 8 de noviembre de 2017
Ciudad de México .- Al responder al informe “Justicia Olvidada. La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México”, publicado por la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el gobierno de México defendió la labor de las fuerzas armadas de nuestro país que combaten al crimen organizado, en apoyo temporal a las autoridades locales, “y responde a los enormes retos que plantea el tráfico internacional de armas y drogas, que afecta de manera particular a nuestro país”.
En ese sentido, México invitó a WOLA a considerar dicho contexto, “para reflejar una perspectiva más certera de los desafíos que acarrea el tráfico indiscriminado de armas desde los Estados Unidos de América hacia el territorio mexicano, los flujos de capital a organizaciones criminales, así como los efectos del trasiego de drogas a través de México, con destino a ese país”.
A través de un comunicado emitido por la cancillería, el gobierno mexicano señaló que “estudios en ese sentido serían una enorme contribución a la imperiosa necesidad de establecer mayores controles a la venta de armas y drogas en el vecino del norte”.
El informe publicado por WOLA señala entre sus “hallazgos” que las reformas del 2014 al Código de Justicia Militar de México que facultan a las autoridades civiles para investigar a soldados implicados en delitos y violaciones a los derechos humanos no se han implementado totalmente y que casi todas las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de soldados están sin resolverse.
El referido documento destaca también que al menos tres acciones relacionadas con las autoridades militares han llegado a impedir o retrasar las investigaciones civiles: el inicio de investigaciones militares simultáneas o paralelas a las civiles; la dificultad para que los soldados declaren como acusados o testigos en el sistema de justicia civil; casos en que soldados han llegado a alterar escenas del crimen o a declarar falsamente.
El documento emitido por la oficina estadounidense subraya también que la PGR no ha mostrado voluntad para investigar de forma seria y exhaustiva a los soldados que han cometido delitos o violaciones a derechos humanos en contra de civiles, así como la necesidad de “investigar a los superiores jerárquicos de los soldados acusados de cometer violaciones a derechos humanos”.
Pese a que el informe resalta, entre los aspectos positivos, que los jueces federales han emitido sentencias sobre la búsqueda de desaparecidos en cuarteles militares, también registra que “otras decisiones de jueces federales han dificultado las investigaciones civiles de soldados implicados en delitos o violaciones a derechos humanos”.
