En 2015 Veracruz fue el primer lugar de posible daño patrimonial a la federación: ASF
, 15 de febrero de 2017
Fermín Ramírez
Ciudad de México, 15 de febrero de 2016- Con un monto de siete mil 075.9 millones de pesos observados en el ejercicio 2015, el penúltimo de la administración del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa Veracruz aparece en el primer lugar, por la cantidad, entre todas las entidades federativas del país que podrían haber causado daño patrimonial a la Federación. Le sigue Michoacán con 4 mil 474 millones y, en tercer lugar, Guerrero con 3 mil 383.3.
Lo anterior se desprende del Informe General de la Cuenta Pública 2015, presentado este miércoles en la Ciudad de México por el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal Martínez, a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
Dicho Informe detalla que, en la revisión por porcentajes, con el 15.1 por ciento de monto observado en la auditoria para 2015, Veracruz ocupa el tercer lugar entre las 32 entidades federativas con el mayor número de irregularidades; sólo por debajo de la Ciudad de México, que alcanza la cifra de 15.5, y de Michoacán, entidad que ocupa el primer lugar con el 16.5 por ciento.
El dato de porcentajes aportado por la ASF significa que de 50 mil 989 millones de pesos que Veracruz recibió en 2015 de la Federación por transferencias condicionadas en su uso y destino o participaciones federales de libre administración hacendaria, no pudo justificar el destino de 7 mil 706.6 millones de pesos, el equivalente al 15.1 por ciento del total recibido.
La ASF detalla que de esos 7 mil 706.6 millones de pesos observados, 630.7 se ubican en el rubro de “subejercicio”; es decir, en la no aplicación de los recursos para los fines previstos en los fondos y programas para los cuales fueron asignados, circunstancia que refleja “insuficiencias en la capacidad de gestión institucional y en el establecimiento de sistemas de control interno”.
La cantidad restante, 7 mil 075.9 millones de pesos se ubica en el rubro “con impacto económico”, término que la ASF utiliza para observaciones que implican presuntos daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública Federal o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos o entidades paraestatales de la Federación.
En la presentación del Informe 2015, el titular de la ASF, Juan Manuel Portal Martínez, quien este 2017 concluye su labor en dicha dependencia, señaló que cuando en las auditorías hay pruebas fehacientes de ilícitos, “actuamos al límite de nuestras facultades, pero nos permitimos insistir en que la prevención resulta prioritaria, y será cada vez más efectiva para que los actos irregulares sean la excepción”.
Agregó que las afectaciones al erario público que quedan impunes “genera reclamos de mayor dureza en las sanciones por parte de la ASF” y que “la percepción de que la impunidad prevalece y que la sanción no es oportuna o inclusive, no se presenta, alimenta la frustración social y mina la relación entre gobierno y ciudadano”.
La ASF es el órgano de Estado encargado de fiscalizar la Cuenta Pública mediante auditorías que se efectúan a los tres Poderes de la Unión, a los órganos constitucionalmente autónomos, a las entidades federativas y municipios del país, así como a todo ente que ejerza recursos públicos federales, incluyendo a los particulares.