De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, base para el “Perfil sociodemográfico de la Población Afrodescendiente en México”, revela que hay un millón 381 mil 853 personas afrodescendientes en México, es decir, uno de cada 100 connacionales.

Guerrero es la entidad con el mayor número de población afrodescendiente, con 6.5 por ciento; le siguen Oaxaca, con 4.9 por ciento y Veracruz, con 3.3 por ciento, destaca el documento del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación (Conapred).

Datos del Consejo Nacional de Población (Conapo) destacan que en el Estado de México, Ciudad de México, Baja California Sur y Nuevo León habitan entre 1.5 y 1.9 por ciento de ciudadanos afrodescendientes, mientras que en el resto de las 25 entidades federativas su presencia es muy escasa (0.2 puntos porcentuales).

Esta información es poco conocida. Al respecto, el Conapred, en su “Guía para la acción pública contra la discriminación y para la promoción de igualdad e inclusión de la población afrodescendiente en México”, indica que a pesar de que en el país habitan afrodescendientes, no se han reconocido ni valorado suficientemente sus aportaciones en la conformación histórica, cultural, económica y política del país.

Por ello, se han iniciado esfuerzos conjuntos, tanto a nivel nacional como internacional, por cambiar esta situación. La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha realizado importantes esfuerzos para combatir la discriminación y el racismo histórico contra esta población.

Una de sus iniciativas fue la proclamación de 2011 como Año Internacional de los Afrodescendientes, con lo que intentó fortalecer las medidas nacionales y la cooperación regional e internacional en beneficio de este grupo humano, en relación con el goce pleno de sus derechos económicos, culturales, sociales, civiles y políticos, la promoción de mayor conocimiento sobre su pasado y presente, así como el respeto de la diversidad de su herencia y cultura.

Actualmente, se lleva a cabo el Decenio Internacional para los Afrodescendientes, que comenzó el 1 de enero de 2015 y concluirá el 31 de diciembre de 2024, con el tema “Afrodescendientes: reconocimiento, justicia y desarrollo”. Con ello, la ONU pone de relieve la oportunidad de lograr sinergias importantes en la lucha contra todos los flagelos del racismo, a través de la celebración efectiva de este periodo.

Además, pretende eliminar todos los obstáculos que impiden que los afrodescendientes disfruten en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos, económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, incluido el derecho al desarrollo, así como revisar, modificar y derogar todas las leyes que tengan efectos discriminatorios, a fin de garantizarles el pleno disfrute, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales.

En México, según el Conapred, hay un compromiso ante la comunidad nacional e internacional de respetar, proteger, promover y garantizar el derecho a la no discriminación de la población y esta obligación está incorporada en el marco normativo vigente. Del derecho a la no discriminación y a la igualdad se derivan obligaciones que deben cumplir los tres poderes.

En el documento Personas afromexicanas, la Secretaría de Gobernación (Segob) destaca que el gobierno mexicano tiene la obligación de hacer valer sus derechos, promover la igualdad de oportunidades y eliminar la discriminación, así como impulsar el desarrollo regional para mejorar las condiciones de vida de sus comunidades; extender la red de comunicaciones que permita su integración.

En 1995 se creó el primer espacio para conocer sobre el tema, se trata del Museo de las Culturas Afromestizas en Cuajinicuilapa, Guerrero, el cual ha contribuido a que las comunidades de la Costa Chica conozcan su historia, orígenes y las características de sus manifestaciones culturales.

La Encuesta Intercensal 2015, en la que también participó el Conapred, es parte de este esfuerzo. Al respecto, Alexandra Haas Paciuc, presidenta de dicha comisión, señaló que este primer perfil de la población afrodescendiente permitirá combatir la discriminación estructural que viven estas personas y ayudará a hacer visibles las contribuciones de 1.4 millones de personas, en la vida política, económica, cultural y social de México.

“Aún queda pendiente en la arena legislativa, por ejemplo, el reconocimiento constitucional de los pueblos y comunidades afrodescendientes como sustento de la pluriculturalidad nacional», dijo Haas.

En efecto, falta mucho por hacer. Es necesario que haya más instituciones, espacios, acciones, actividades o iniciativas de reconocimiento, identificación o políticas públicas que las beneficien. Y aunque cada día hay más organizaciones sociales que hacen eco a las necesidades de estos grupos, las leyes todavía no dan respuesta a las mismas. Aún no tienen reconocimiento en la Constitución Política mexicana, por ejemplo.

De acuerdo con la comisión contra la discriminación, la ausencia de leyes y de reconocimiento legal sobre las poblaciones afrodescendientes afecta negativamente sus derechos. En México, muchas personas connacionales afrodescendientes han sido detenidas por las autoridades migratorias y policíacas, interrogadas y maltratadas por prejuicios raciales y desconocimiento de su existencia aquí.

En la historia también hay personajes que han padecido este desconocimiento. José María Morelos y Vicente Guerrero, líderes del movimiento de 1810, muy nombrados en nuestros libros de historia por sus hazañas en favor de nuestra Independencia, jamás han destacado por sus orígenes. Ambos provenían de familias afrodescendientes.

Falta, pues, mucho por hacer. A pesar de los avances en la investigación histórica de la población afrodescendiente, iniciada en nuestro país en la década de los 40, el rezago es importante.

México es un país pluricultural, lo cual ya ha sido reconocido entre propios y extraños. Por lo mismo, subraya la Segob, es importante conocer y entender nuestro pasado, hacerlo visible en nuestra leyes; considerar que todos tenemos derecho a ser incluidos en todos los aspectos de la vida y, en consecuencia, que se reconozcan nuestros derechos a ser tratados por igual.

La población afromexicana forma parte de la diversidad cultural de nuestro país, por lo tanto, merece ser reconocida e incluida en las políticas públicas de los tres órdenes de gobierno, puntualiza.