Los diputados han avalado la recomendación del Consejo de Seguridad Nacional y la orden del gobierno, por lo que aprobaron esta tercera prórroga, la cual entrará en vigor el próximo 19 de abril.

«El estado de emergencia no es ninguna fantasía para Turquía o una medida para que el gobierno se lave las manos», ha esgrimido el viceprimer ministro Numan Kurtulmus, citado por el diario Hürriyet.

Kurtulmus destacó que es «una cuestión de supervivencia para Turquía», comprometida en la lucha «contra todas las organizaciones terroristas». «No es sólo una cuestión del gobierno», enfatizó.

Bajo el estado de emergencia, el gobierno tiene amplios poderes para tomar decisiones administrativas, entre ellas el despido de funcionarios o la confiscación de sus bienes sin que los afectados puedan recurrir estas medidas ante la Justicia.

Con esta extensión de la medida excepcional, Turquía cumplirá un año bajo el estado de emergencia declarado tras la intentona golpista del 15 de julio de 2016, atribuida por el gobierno a la organización del clérigo islamista Fethullah Gülen, exiliado en Estados Unidos.

Poco antes, la organización HRW instó al gobierno y al presidente Recep Tayyip Erdogan a levantar el estado de emergencia y poner fin a la ola de represión política, después de ganar el referéndum constitucional celebrado el domingo pasado, que da más poder al jefe de Estado.

«La campaña tuvo lugar bajo un estado de emergencia y en un clima altamente represivo después del fracasado golpe militar”, denunció la organización, que acusó al presidente y al gobierno de controlar los medios de comunicación, dominar la esfera pública y encarcelar a periodistas críticos y dirigentes de la oposición.

En este contexto, HRW exhortó a las autoridades turcas «a poner fin a la ola de represión política desencadenada en los meses previos al referéndum constitucional.

«Después de lograr una estrecha victoria en la consulta popular, el gobierno y el presidente deben gobernar en interés de todos en Turquía, no sólo de sus partidarios políticos», dijo Hugh Williamson, director de Europa y Asia Central de HRW.