Xalapa, Veracruz, México, a miércoles 20 de enero de 2021

ORFIS presenta diez denuncias contra ex servidores públicos por daño patrimonial

ORFIS presenta diez denuncias contra ex servidores públicos por daño patrimonial

, 10 de julio de 2014

Xalapa, Ver., 10 de julio de 2014.- El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) dio a conocer que se presentaron 10 denuncias penales contra de ex servidores públicos de 10 entes fiscalizables que no pudieron solventar un daño patrimonial de 285 millones 568 mil 271 de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal del 2012.

El auditor general, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, reveló que ocho ayuntamientos, una entidad del Poder Ejecutivo y una entidad paramunicipal no pudieron solventar un daño patrimonial por 285 millones 568 mil 271 pesos de la cuenta pública del ejercicio fiscal de 2012.

Fortín quedó con un daño patrimonial de 38 millones 357 mil 112.69 pesos; Alvarado, un millón, 546 mil 775.49 pesos; Xico, 14 millones 668 mil 213.95 pesos; Castillo de Teayo, 2 millones 931 mil 969.68 pesos; Cuitláhuac, un millón 339 mil 981.77 pesos; Chacaltianguis, 506 mil 305.44 pesos; Vega de Alatorre, 317 mil 898.66 pesos, y Mecatlán, 77 mil 658.22 pesos.

Mientras que el Fideicomiso del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos no reintegró 225 millones 717 mil 543.04 pesos y la Oficina Operadora de Agua de Ciudad Mendoza, 104 mil 812.24 pesos.

Los ayuntamientos que sí solventaron las observaciones son: Espinal, Filomeno Mata, Ixcatepec, Ixtaczoquitlán, Tenampa, Ignacio de la Llave y Camerino Z Mendoza, al igual que la desaparecida Secretaría de Comunicaciones, que encabezó Raúl Zarrabal Ferat, el Fideicomiso Público Puente Coatzacoalcos I y el Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache.

A los responsables de los entes fiscalizables se dio todas las facilidades que la ley obliga para que presentaran todas sus pruebas y argumentaciones y solventaran los presuntos daños patrimoniales determinados en la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012.

Aseveró que en general los funcionarios públicos deben conducirse con ética e integridad, a las cuales están obligados, contribuyendo así al fortalecimiento de la gestión pública del Estado de Veracruz.