En Colombia, la paz es otra víctima de la pandemia de COVID-19

Agencia de Noticias RTV (ONU), 14 de julio de 2020

Naciones Unidas.- Los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales en Colombia están aprovechando la pandemia para expandir su control territorial, aumentando el sufrimiento de las comunidades y las personas, asegura un nuevo informe del Secretario General sobre el país presentado este martes al Consejo de Seguridad.

“Pese al compromiso y las medidas implementadas por el Gobierno y autoridades del Estado, el número de excombatientes asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz sobrepasó los 200, llegando a 210. La violencia contra quienes dejaron las armas en el contexto del Acuerdo, y contra quienes defienden los derechos humanos y los derechos de las comunidades devastadas por el conflicto, sigue siendo la amenaza más grave para la construcción de paz en Colombia”, aseguró el representante de la Misión de la ONU en Colombia.

Carlos Ruiz Massieu aseguró que la inseguridad que enfrentan los excombatientes, las comunidades, los defensores de derechos humanos y los líderes sociales continúa siendo la mayor preocupación de las Naciones Unidas en el país, y que la pandemia no la ha detenido.

Siguen muriendo defensores de derechos humanos

“Desde la invasión española hace más de 500 años que contrajo la esclavización, el despojo y la muerte para nuestros pueblos de América, debemos decir que el genocidio en Colombia aún no para. Todos los días despertamos con la noticia del asesinato de una persona negra o indígena, despertamos con la amenaza para un integrante de la guardia indígena o cimarrona, despertamos con la noticia de que se ha violado a una mujer, niña o adulta, y que la muerte a líderes y lideresas defensoras de derechos humanos persiste”, testificó ante el Clemencia Carabalí, lideresa social de las comunidades Afrocolombianas víctimas del conflicto en el departamento del Cauca.

Carabalí fue objetivo de un ataque perpetrado por grupos armados en mayo de 2019, en el que también se puso en riesgo la vida de otros 25 líderes sociales.

“Son situaciones que se han agudizado con la presencia del COVID-19 en Colombia”, expresó la lideresa, quien recordó que desde que se firmó el Acuerdo de Paz, han sido asesinadas de 686 personas entre firmantes del Acuerdo y defensores de los derechos humanos, 120 de éstas solo en 2020.

Según el informe del Secretario General, el departamento del Cauca sigue teniendo los niveles más altos de violencia contra líderes sociales a pesar del aumento del despliegue de la Fuerza Pública, que casi se ha duplicado desde comienzo del año. Durante la cuarentena se ha informado ya de cinco masacres y varios asesinatos, incluidos los de líderes sociales y sus familiares. Los grupos armados han asesinado niños, niñas, adultos mayores, y hasta mujeres embarazadas.

La situación de seguridad en el departamento del Putumayo en el sur del país también es de preocupación, incluidos riesgos específicos a mujeres líderes, organizaciones de mujeres y participantes en las iniciativas de sustitución de cultivos ilícitos.

En Norte de Santander, la ONU reportó más de 45.000 personas sometidas a confinamiento forzoso en mayo. Asimismo, más de 7500 personas fueron desplazadas por la fuerza en la región del Pacífico, más del 80% eran mujeres y niños y el 50% pertenecían a comunidades étnicas.

Además, el reclutamiento y la utilización de niños y niñas por grupos armados ilegales y organizaciones criminales siguió siendo motivo de grave preocupación y, según la Defensoría del Pueblo, el riesgo ha aumentado durante la cuarentena.