Duarte será juzgado con penas laxas por la falta de fiscal anticorrupción

Fermín Ramírez, 14 de julio de 2017

Ciudad de México.- El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y otros gobernadores y funcionarios públicos que han cometido ilícitos contra el erario no podrán ser procesados por delitos como malversación de fondos, peculado o enriquecimiento ilícito porque son figuras jurídicas que entrarán en vigor hasta que sea nombrado el fiscal anticorrupción.

Así ejemplificó el exintegrante del Comité de Acompañamiento Ciudadano (CAC) del Senado de la República para el nombramiento del fiscal anticorrupción, Luis Carlos Ugalde, en entrevista con el periodista Oscar Mario Beteta, la gravedad de que la Cámara Alta no haya nombrado al fiscal anticorrupción.

“Los nuevos tipos penales, es decir, la nueva legislación penal para combatir la corrupción no entra en vigor porque no hay fiscal”, expresó.

Duarte de Ochoa y otros funcionarios que han hecho mal uso de su cargo “serán procesados con un sistema anterior, desactualizado y con penas más laxas, y eso me parece una consecuencia muy grave», dijo también el exconsejero presidente de lo que fue el Instituto Federal Electoral.

Tras recordar que el CAC perseveró hasta el miércoles pasado en su cometido de que se nombre al fiscal anticorrupción, Ugalde ratificó que él y los otros miembros del Comité renunciaron a esa tarea por advertir que el proceso en el Senado “ha sido inefectivo y se han omitido obligaciones de ley”.

Enfatizó que la omisión del Senado incumple y aun viola un mandato constitucional, lo cual, por lo cual “debería haber consecuencias jurídicas de su omisión legislativa, más allá de la denuncia política y de la inconformidad social”.

Puso de relieve que la ausencia del fiscal anticorrupción genera un daño social amplio.

“Esta omisión del Congreso causa un daño. Que no tengamos fiscal, que no se provea de justicia, que no se castigue a los corruptos y con esto, que no haya un buen gobierno», remarcó.

Detalló que el próximo 19 de julio tiene que entrar en vigor de manera global y en las entidades del país, el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, mientras que, a partir del 1 de diciembre de 2018, entrará en vigor la Fiscalía General de la República.

Por tanto, pronosticó que será el nuevo Fiscal General de la República quien nombre al fiscal anticorrupción, y no el Senado de la República.

Recordó que el proceso de nombramiento del Fiscal Anticorrupción por parte de la Cámara de Senadores está entrampado, detenido e inconcluso desde el 2014.