Xalapa, Veracruz, México, a jueves 25 de abril de 2024

Destituye la PGR al titular de la Fepade, Santiago Nieto

Destituye la PGR al titular de la Fepade, Santiago Nieto

Fermín Ramírez, 20 de octubre de 2017

Ciudad de México.- Encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán ceso de su cargo al titular de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (Fepade); Santiago Nieto Castillo, por transgredir el código de conducta de la institución.

De manera extraoficial trascendió que la decisión fue tomada luego de que Santiago Nieto declaró a medios de comunicación que habría sido presionado por el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, para que lo deslindara públicamente del tema de los sobornos que presuntamente habría pagado la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios de la empresa productiva del Estado, durante la administración de Lozoya.

Este es el texto del comunicado, con el que la PGR da cuenta de la remoción de Nieto Castillo al frente de la Fepade:

“El Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán, actuando en suplencia del Procurador General de la República, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 137 de su Reglamento, y en ejercicio de las facultades previstas en el artículo Décimo Octavo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, publicado el 10 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, en esta fecha removió de su cargo al titular de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales.

“Lo anterior, toda vez que el referido servidor público transgredió lo dispuesto en el Código de Conducta de la Procuraduría General de la República.

“De esta manera, la Procuraduría General de la República reitera su compromiso de vigilar que las actuaciones de los servidores públicos sean apegadas a la legalidad y ética institucional, así como a las disposiciones de la investigación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, protegiendo en todo momento los derechos humanos de la sociedad en su conjunto”.